Globalización, Desarrollo y Democracia: Chile en el Contexto Mundial (Ed. FCE 2005). Manuel Castells Conclusión El Sujeto De La Nueva Transición Chilena (pg. 145-152)

Con sangre, sudor, lágrimas y paciencia, mucha paciencia, Chile ha consolidado su crecimiento económico, reducido su pobreza, aliviado su desigualdad, modernizado su infraestructura, incrementado su educación, mejorado sustancialmente sus condiciones de vida, afirmado el respeto a los derechos humanos, recuperado su memoria histórica y establecido la democracia política y el diálogo social.

Este enorme esfuerzo, en poco más de una década, contrasta con la andadura incierta de una América Latina en donde países y economías caminan al borde de la crisis estructural, la explosión social y la desestabilización política.

 

El fundamento de este modelo chileno democrático de desarrollo es político y cultural más que económico. Es la capacidad de los actores políticos para reconstruir la legitimidad y la gobernabilidad del estado con respecto a los distintos sectores de la sociedad que ha hecho posible tomar una serie de medidas económicas, sociales e institucionales que han permitido gestionar la transición hacia aguas más tranquilas. Hoy día, en Chile y en el mundo, la democracia es un factor esenciadle desarrollo. Porque sin democracia no hay capacidad de acción de la sociedad sobre sí misma a través de sus instituciones. Y sin esta capacidad el mercado globalizado sin control social genera desigualdades insoportables y tensiones insostenibles. Pero, por otro lado, sin desarrollo, la democracia se vacía de contenido para la mayoría de la población, como demuestra el informe del PNUD sobre democracia en América Latina (PNUD, 2004).

 

La gestión democrática de la economía de mercado y de la redistribución de la riqueza obtenida con el esfuerzo de todos es la condición necesaria, aunque no suficiente, para asegurar la competitividad económica y la sostenibilidad social y ambiental. Y no sólo en el ámbito interno. La integración en los acuerdos económicos internacionales pasa también por un reconocimiento de la legitimidad de los gobiernos. Hace dos décadas Chile era un país proscrito en el mundo democrático, tan solo sostenido por sus aliados ideológicos y atrincherado en una relación de vasallaje con respecto a Estados unidos. En cambio, en este momento Chile ha ratificado, previamente a la firma de los tratados comerciales, la Convención contra la Tortura y los convenios de derechos sociales de la organización Internacional del Trabajo. Los presidentes chilenos de los últimos años tienen una participación destacada y reconocida en las iniciativas para la construcción de una gobernanza mundial. La independencia de criterio de Chile en el Consejo de seguridad de Naciones Unidas le ha valido el respeto del mundo entero, incluso de aquel país que se había acostumbrado a darle órdenes.

 

En suma, la legitimidad y la capacidad de gobierno conseguidas mediante un liderazgo político efectivo en la última década han sido y son condiciones indispensables para la competitividad global y la cohesión nacional de las que depende el bienestar de la sociedad y la productividad de la economía. Sin embargo, Chile tiene ante sí viejos y nuevos desafíos que requieren todavía un considerable esfuerzo para profundizar la democracia y transitar a un nuevo modelo de desarrollo requerido por el contexto global.

 

Por un lado, todavía hay reminiscencias, más culturales que institucionales, del viejo orden dictatorial y conservador. La centralización política es excesiva. Los derechos de la mujer a su cuerpo y a su libertad aún sufren de una legislación inspirada en el patriarcado más rancio. Los derechos de los pueblos originarios, aun habiendo sido reconocidos y afirmados, necesitan consolidarse en la práctica cotidiana. Las corrientes ideológicas antidemocráticas mantienen su presencia (aunque cada vez más reducidas) en las instituciones del Estado y en algunos sectores de las elites dirigentes. Una parte de los medios de comunicación refleja una visión del mundo opuesta al cambio social y a la innovación cultural. Con todo, la democracia en Chile es irreversible, porque lo es en la sociedad, en las mentes de los chilenos, en la vivencia cotidiana de un país que ha experimentado una extraordinaria transformación cultural en la última década. Y las propias Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, se han adaptado plenamente a esa transformación, volviendo a conectar con la sociedad y con su tradición de constitucionalidad rota por ese Comandante en Jefe que traicionó a su Presidente. Y como la democracia es irreversible, las dirigencias políticas de todas las tendencias se han situado en el nuevo ámbito de conflicto político institucionalizado y han aceptado las reglas del juego, como muestra el acuerdo sobre las reformas constitucionales de 2004.

 

Puede decirse que, en lo esencial, la transición chilena ha terminado. Chile es hoy día un país plenamente democrático. Aunque, eso sí, compartiendo con muchos otros países los problemas que tiene la democracia en todo el mundo. Pero Chile tiene la oportunidad de hacer que esta democracia política tenga un contenido económico, social y cultural que tenga sentido para la vida cotidiana de los ciudadano, a diferencia de lo que parece suceder en amplios sectores de América latina y del mundo.

 

La afirmación de Chile como sociedad democrática no es separable de su capacidad para generar desarrollo y bienestar. Precisamente porque el fundamento de la nostalgia antidemocrática está en la reivindicación del crecimiento económico. En este libro creo haber demostrado que el modelo democrático chileno de desarrollo es superior en crecimiento sostenido y en mejora de las condiciones de vida a lo que fue el modelo autoritario. Pero una crisis significativa del proceso de crecimiento daría alas a las fuerzas antidemocráticas, que cuentan con una cierta base social. Y no se trata de considerar un triunfo electoral de la derecha como una catástrofe para el país. Al contrario. En su momento, la alternancia política es un signo de madurez democrática. La dirección política conservadora, al menos en su versión Lavín, no es en absoluto un peligro para la democracia. Pero sí puede deteriorarse la convivencia, aun en un marco institucional democrático, a partir de la difusión de los valores que todavía predominan en los sectores movilizados de la derecha social.

 

El análisis de Tironi sobre las actitudes ideológicas de los electorados de la elección presidencial del 2000 nuestra la considerable diferencia de valores entre los dos electorados (El Cambio está Aquí, Eugenio Tironi, 2002). La política de los gobiernos de la Concertación ha consistido en moderar desde el gobierno la polarización ideológica de la sociedad. Si se perdiera ese equilibrio en un gobierno de la derecha Chile podría entrar en la vía de la crispación política, aunque parece que el enfrentamiento civil es un fantasma definitivamente enterrado.

 

La nueva transición chilena El tratamiento de los conflictos aún latentes en la sociedad chilena, la dilución de la radicalización ideológica en sectores de las clases dominantes, requiere la continuación del crecimiento por un largo periodo. Y es aquí donde se plantea la nueva transición chilena. Porque, a partir del análisis presentado en este libro, la transición al modelo informacional, reestructurando y modernizando las actividades económicas existentes a partir de conocimiento, información, organización y tecnología, y suscitando nuevas actividades en nuevos nichos de mercado, se presenta como condición indispensable para la competitividad de la economía chilena en el marco global. Pero ese modelo informacional que he tratado de esbozar en este texto es más cultural y organizativo que tecnológico. Es una transformación de las mentes, de la cultura y de las prácticas de gestión y organización de la sociedad. Terrenos todos ellos en donde Chile aún presenta serias deficiencias.

 

La difusión de computadoras y de conexiones de banda ancha, siendo una condición necesaria, no es en absoluto suficiente. Se plantea pues la necesidad de una dirección estratégica del proceso de desarrollo, en el que las empresas son actores esenciales pero no pueden ser quienes ejerzan el liderazgo en términos de proyecto de país. Se plantea asimismo la necesidad de concentrar recursos, tanto públicos como privados, en inversiones prioritarias de futuro. Y se plantea la exigencia de movilizar a la sociedad en un proyecto colectivo por el bienestar de sus hijos y sus nietos.

 

En este punto, pareciera que el individualismo de la ideología del mercado y el fraccionamiento de la sociedad chilena constatado en algunos estudios estaría obstaculizando la necesaria implicación de la sociedad en un proyecto de modernización tecnológico-cultural que aún se ve como alejado de las necesidades reales del país.

 

Por eso, acabada la transición política, se plantea una nueva transición, que no es sólo económica y tecnológica, sino también cultural. Y precisamente por el bajo grado de articulación autónoma de la sociedad chilena en estos momentos (organizada fundamentalmente en torno a redes familiares y proyectos individuales) el sujeto de la transición es, de nuevo, el Estado. Un Estado que se enfrenta al bajo prestigio de la clase política en general. Pero que, al mismo tiempo, goza de una legitimidad creciente como gobierno, reflejada en los altos índices de aprobación de la gestión del Presidente Lagos en el último tramo de su mandato (aunque, como se sabe, la opinión pública puede cambiar rápidamente en función de acontecimientos cuyunturales).

 

La paciente reconstrucción de la legitimidad y gobernabilidad del Estado chileno en los años de la Concertación podría permitir que sea el Estado el que, como siempre fue en la historia de Chile, asuma la conducción del proceso de desarrollo. Naturalmente basándose en la empresa privada y en el mercado como agentes de creación de riqueza. Pero facilitando las condiciones infraestructurales, institucionales y culturales, para que esa riqueza pueda generarse en el marco de una economía globalizada del conocimiento. Y asegurando la conexión entre economía y sociedad, entre productividad y redistribución del producto, entre crecimiento y calidad de vida.

 

La propuesta a la sociedad y a las empresas de un acuerdo estratégico orientado hacia esa modernización competitiva puede ser un método eficaz para la cohesión social y la movilización de recursos encaminada a la definitiva consolidación de la democracia y el desarrollo en Chile. Tal acuerdo requiere un fuerte liderazgo político desde el Estado, junto con un esfuerzo de descentralización administrativa que haga de las localidades y regiones chilenas actores de su propio desarrollo. La existencia de un proyecto colectivo modernizador, con un interés común por encima de las ideologías, puede permitir tratar las tensiones aún existentes, producto de los desgarros históricos, con el cuidado necesario para no poner en peligro el bien común. La reconstrucción de la identidad nacional chilena pasa por la construcción de un nuevo proyecto común en donde se aúnen y se refuercen desarrollo y democracia en el contexto mundial. Las itálicas son del original. Las negritas son puestas por mi para ayudar a la lectura en este medio