Aquí un artículo de Mario Waissbluth sobre la obligatoria necesidad de compatibilizar crecimiento y cuidado del ambiente en Chile, no por razones “ético-ecológicas” sino por el mismo interés empresarial y de desarrollo para el país. Tanto el agotamiento de los recursos, como las exigencias de los clientes de nuestras exportaciones en el mundo, exigen una actitud responsable, moderna y menos tercermundista de parte de empresarios, del Gobierno y legisladores, en materia de compatibilizar crecimiento, inversiones y medio ambiente:
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Quépasa
Depredación ambiental y desempleo
En materia medioambiental Chile transita por una estrecha senda con precipicios a ambos lados. Por un lado, el ecologismo extremo puede detener el crecimiento, y el precio lo pagarán los más pobres por la ruta del desempleo. Por el otro, las inversiones mal planificadas, la carencia de ordenamiento territorial y la contaminación descontrolada pueden no sólo depredar el país de nuestros nietos, sino que de pasadita detener las exportaciones y el turismo.
Por Mario Waissbluth
La isla Juan Fernández es Reserva de la Biosfera de la Unesco. Es como las Galápagos de Chile. Pero los humanos hemos introducido ratones, cabras y zarzamoras, que hoy día ya cubren el 80% de los bosques de la isla. Las especies introducidas están arrasando con variedades autóctonas y únicas. Hay sobrepastoreo. Si sigue así, su biodiversidad se va a acabar, como en Isla de Pascua. Al ser un parque nacional ubicado en una isla, controlar la situación requeriría no sólo muchos recursos, sino de algo casi imposible: poner de acuerdo a Sernapesca con la Conama, Bienes Nacionales, Directemar, Servicio Agrícola y Ganadero, Conaf, el municipio, la Intendencia y la Gobernación. Esto sucede porque no existe el equivalente al “Fish and Wildlife Service” norteamericano, con autoridad plena sobre la preservación de los ecosistemas y las variedades animales y vegetales. La Conaf sólo puede vigilar los parques nacionales y no tiene plata para remediar ni un resfrío.
No se sabe qué pasa con las especies marinas, y no hay zonas marinas verdaderamente protegidas. No existe información sistemática sobre la flora y fauna, no sabemos qué variedades están desapareciendo. No hay, en suma, institucionalidad ni recursos en esta materia. ¿Se irá a resolver esto con la creación de un ministerio y una Superintendencia del Ambiente? La creación de estas entidades es un claro avance, pero ¿van a contar con la autoridad necesaria sobre esta multiplicidad de instituciones, o van a ejercer un rol “coordinador”, que ya sabemos lo que significa?
Como dice el reciente informe ambiental de la OCDE sobre Chile (tome nota: es la OCDE la que está “sapeando”): “No hay ninguna ley específica de conservación de la naturaleza, y las instituciones dan importancia secundaria a los objetivos de conservación” y además: “??? una política de fiscalización ambiental sobre la base de la coordinación de órganos sectoriales no es la solución institucional más eficaz??? es necesario integrar las consideraciones ambientales en la planificación territorial”, y rematan nuestros amigos: “Los bosques nativos que no están en áreas protegidas continúan expuestos a incendios originados por el hombre y a la tala ilegal de especies valiosas??? hasta la fecha sólo se ha logrado un progreso limitado en integrar consideraciones sobre la diversidad biológica en el manejo del agua”. Según un informe de la Corporación de la Madera, “hay todavía más de 4 millones de hectáreas desnudas, que se están yendo a los ríos y al océano, perdiéndose el suelo a altas tasas, en forma irrecuperable, y con ello afectando la totalidad del medio ambiente, y los cimientos mismos del desarrollo sustentable”.
Importantes avances y graves carencias
Chile avanzó creando durante los 90 la Ley Ambiental 19.300, la Conama y el sistema de evaluación de impacto ambiental. El tratamiento de aguas servidas urbanas se cubre en un alto porcentaje. Chile fue pionero en el uso de permisos transables de emisión, y derechos transables de aguas. El problema estriba en que, desde el 90 a la fecha, el PIB ha crecido en más de un 100%, y la institucionalidad, normativa y recursos humanos ambientales se quedaron completamente atrás.
Así, hay problemas con las evaluaciones de impacto ambiental. En la ley, porque aquí no se hace como en los países avanzados, donde se obliga a enviar los grandes anteproyectos de inversión para observaciones preliminares y discusión con la autoridad sobre alternativas de localización, bastante antes de enviar los estudios definitivos. Aquí ya vienen “oleados y sacramentados”.
Si se incluye el proceso de obligada consulta, que a veces es a 10 entidades “competentes” en el tema (¡en casos interregionales la consulta ha llegado hasta a 200 instituciones!), y el proceso de respuesta a las observaciones, la Conama, con un promedio de un profesional por comuna de Chile, tiene un máximo de 180 días hábiles para responder a estudios de 15 ó 20 tomos. Sin capacidad suficiente en Conama, SAG, Dirección General de Aguas, Serviu, municipios, etc., esto se convierte en un “sí” o un “no” totalmente politizado, en que intervienen flagrantemente algunos parlamentarios de la zona (con escasos conocimientos del tema) y deciden las autoridades políticas que integran la Corema (con escasos conocimientos), hasta un Consejo de Ministros e incluso el presidente de turno (con todo respeto, con escasos conocimientos). ¿Será la manera correcta de localizar y autorizar proyectos de inversión que a veces son de cientos o incluso miles de millones de dólares?
Peor aun, las evaluaciones de impacto se hacen “proyecto a proyecto”. Suponga que en un río ya hay 10 empresas y dos ciudades que vierten desechos, y que por tanto el río está sobresaturado de mercurio (aunque en realidad nadie lo ha medido). Como la evaluación de impacto es sobre las emisiones de “el proyecto”, las consideraciones sobre la carga que trae el río no existen. ¿Qué tal?
Al no haber visión de conjunto, todos se pelean hoy por la central eléctrica en Aysén y sus 2.000 km de líneas de transmisión. ¿Alguien habrá evaluado que a lo mejor, dado que el Bío Bío ya está intervenido y está más cerca de Santiago, es más sustentable generar allí toda la energía necesaria poniendo más represas? No tengo la menor idea, pero lo que me temo es que nadie en el gobierno está obligado a saberlo. La energía la necesitamos igual, así es que será Aysén, Bío Bío, carbón, diésel o nuclear si es que nos sentamos a esperar unos quince años. Al final, la pelea de Aysén se va a resolver dependiendo de si influyen más en La Moneda Mr. Kennedy Jr. (le gusta la pesca con mosca), Tompkins y los ecologistas profundos, o Endesa y la dirigencia empresarial. La verdad técnica del desarrollo sustentable quedará oculta en algún baúl.
La otra pata de un sistema ambiental es la capacidad de fiscalización y monitoreo, tanto de los proyectos individuales como del medio ambiente en general. Prácticamente no existe. Hasta el reciente cambio de ley, las empresas “auto-fiscalizaban sus efluentes” (imagínese Ud.) y nadie fiscaliza el nivel general de mercurio o de cadmio en el río??? hasta que se arma la trifulca, mueren cisnes, desaparecen los lobos marinos, vecinos reclaman por el olor a fecas de cerdo, o los surfistas de Pichilemu se declaran en huelga de tablas caídas. A grito limpio. No hay recursos en la Conama, ni en la Dirección General de Aguas ni en la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que deberá a partir de ahora monitorear miles de efluentes industriales, quién sabe con qué.
Vea lo catetes que son en la OCDE: “Las emisiones de óxidos de azufre continúan siendo muy altas, principalmente debido a las fundiciones de cobre??? no se alcanzaron las metas de prevención y de control de la contaminación relativas a emisiones de óxidos de nitrógeno en la Región Metropolitana??? el programa nacional de eficiencia de energía ha sufrido interrupciones??? los combustibles sólidos altamente contaminantes están exentos de impuestos, la calidad del agua es mala en algunos lagos, ríos y aguas costeras, principalmente debido a los vertidos urbanos e industriales de residuos líquidos no tratados??? existe la presión de los metales pesados de la minería, los insumos de la salmonicultura y los insumos agrícolas en las zonas rurales??? una gran proporción de las especies de agua dulce está en peligro”. ¿Va a poder resolver todo esto el flamante ministerio y la Superintendencia del Ambiente, por el mero cambio de rango institucional? Ojalá.
¿Seré un ecologista profundo?
Más de algún empresario que lea esto dirá: “Caramba, Qué Pasa puso otro ecologista profundo en sus páginas, que no entiende que lo primero es el crecimiento. El empleo importa más que los cisnes o algún picaflor”. Dejemos de lado las consideraciones ambientalistas extremas, enfoque que nunca ha sido de mi gusto. Harto hemos avanzado. Pero hay mucha patudez cuando algunos empresarios declaran que “la certeza jurídica ambiental se acabó después del caso Celco”. Si alguien entiende por “certeza jurídica” obtener un permiso ambiental durante la construcción y después contaminar como le dé la gana, le recomiendo visitar la Environmental Protection Agency en USA o la Agencia de Protección Ambiental de Holanda. Seamos sensatos.
Estamos transitando una estrecha senda, que tiene precipicios a ambos lados. Por un lado, efectivamente, el ecologismo extremo puede detener el crecimiento, y el precio lo pagarán los más pobres por la ruta del desempleo. Todos debemos aceptar que no hay inversión que no tenga alguna dosis de impacto ambiental. Por el otro, las inversiones mal planificadas o mal localizadas, la carencia de ordenamiento territorial y la contaminación descontrolada, pueden no sólo depredar el país de nuestros nietos, sino que de pasadita detener las exportaciones y el turismo.
Si no alcanzamos pronto los estándares OCDE en materia ambiental, nos vamos a tener que tragar los chanchos, los salmones, el cobre y las paltas, porque los consumidores y empresas internacionales nos la van a cobrar, y tarde o temprano no van a comprarnos nada. En suma, hay desempleo a ambos lados de la estrecha senda del “desarrollo sustentable”. No nos desbarranquemos, y si esta vez hay que legislar, que sea en serio, cubriendo la totalidad de las instituciones, normas, capacidad de gestión y sobre todo los recursos necesarios, no sólo en Conama. Hay que reforestar no menos de 500 mil hectáreas erosionadas de aquí al 2010. Los meros llamados legislativos a la “coordinación” no van a resolver el problema. Aquí ya no se trata de crecimiento vs. ambiente. O crecemos cuidando el ambiente o nuestros clientes internacionales no nos van a dejar crecer.
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